Panorama agropecuario

Carlos Petroli/CMI

Después de haberse despejado las rutas hace apenas una semana, la consigna que circula entre productores y entidades rurales es de vigilia. Por eso, en distintas localidades del interior están diagramadas asambleas entre hoy y mañana. La comisión de enlace que aglutina a las cuatro centrales del agro se reunirá también hoy para hacer un balance de una semana agitada en el ámbito legislativo.

La participación de los dirigentes en la Cámara de Diputados, tras el encuentro del lunes con la Presidenta Cristina Fernández, fue la actividad que mantuvo activos a los líderes rurales.

"No queremos desmovilizar a los productores; por eso se están diagramando asambleas para explicar lo que vaya sucediendo en el Congreso", explican en las entidades.

Sin apresurar una opinión definitiva, algunos productores advertían que el paso al costado realizado por el senador por Córdoba Roberto Urquía en las comisiones de Presupuesto y de Agricultura de la cámara resultará funcional a los planes del oficialismo para imponer su proyecto sobre las retenciones móviles.

En el Gobierno provincial, en cambio, la salida de Urquía de esas comisiones legislativas fue recibida como un alineamiento a lo votado en la Legislatura, a favor de una rectificación de la resolución 125 y una rebaja de las retenciones a los granos.

Confluencia

Las entidades del agro confluyen en un punto: esas correcciones ahora en manos del Congreso, deberían ubicarse en un nivel de las retenciones lo más cercano a lo que se tenía el 10 de marzo. Es decir, con derechos de exportación no mayores al 35 por ciento (como era el caso de la soja y del girasol en ese momento).

En un punto medio está la propuesta que el lunes llevó a Buenos Aires el gobernador Juan Schiaretti, y de la que se hicieron eco con un proyecto legisladores de Córdoba y Entre Ríos. Se trata de volver a un esquema de derechos de exportación con alícuotas fijas que, en el caso de la soja sería de 39,5 por ciento, con un cinco por ciento de pago a cuenta del impuesto a las ganancias (que es coparticipable y favorecería a las provincias).

Esta semana, cuando diferentes actores políticos, de gobiernos locales y de la actividad económica pasaron por las comisiones de Presupuesto y de Agricultura de Diputados, la división de aguas con la iniciativa oficial fue evidente. "El 99 por ciento (de esos referentes) pidió solucionar el conflicto motivado por la resolución 125", se leía puertas adentro de la comisión de enlace agropecuaria.

Cumbre en la Rosada

En el tenso diálogo del lunes con los líderes de las entidades agropecuarias, la Presidenta no aceptó el pedido de dejar en suspenso las retenciones móviles mientras el proyecto esté bajo tratamiento en el Congreso.

En principio, la estrategia del Ejecutivo se había focalizado en que el Congreso ratifique sin más la resolución, tal cual la firmó Cristina, y no aceptar cambios, sino sólo leyes complementarias (más reintegros, medidas para reducir costos de insumos, entre otras).

Pero esta posición comenzó a perder rigidez a partir de una dura oposición en la antesala del plenario del Congreso, no sólo de los productores sino también de un mayor arco de opiniones en contra.

A mediados de semana, la Rural de Río Cuarto (de la estructura gremial de Cartez y de CRA) midió con cautela la marcha de estas negociaciones: advirtió que los legisladores oficialistas actúan en bloque con el propósito de que la resolución 125 pase sin cambio por ambas cámaras.

La Rural interpretó como una maniobra dilatoria que la comisión de Agricultura de Diputados, encabezada por el cordobés Alberto Cantero, incluya en la agenda el análisis de unos 15 temas relacionados con el agro, en lugar de ir al grano con las retenciones móviles. La misma entidad rescató las voces de la oposición, de reconocidos economistas y de algunos legisladores que, aun siendo kirchneristas, comprenden los daños que esta resolución está provocando al interior del país.

Guerra

También esta semana hubo una guerra de solicitadas, que enfrentó al Gobierno y los exportadores. La Sociedad Rural Argentina dijo que los datos oficiales son erróneos y buscan "confundir y manipular" a la opinión pública. Y citó que el propio Indec informó una caída de las exportaciones de tres por ciento en volúmenes durante los primeros cinco meses del año, mientras el Gobierno buscó hacer notar que sólo hubo un lock out interno mientras continuaron los despachos al exterior.